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DE MARZO, HUELGA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Las
organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de
Universidades han acordado convocar Huelga en todas las Universidades
Públicas y para todo su personal el próximo 24 de marzo.
El
Gobierno acaba de aprobar el RD 43/2015 modificando la ordenación de
las enseñanzas universitarias con la oposición de toda la comunidad
universitaria, de la Conferencia de Rectores (CRUE), sin debate
político ni social, sin una evaluación de la implantación de la
última modificación legislativa consecuencia de la aplicación del
proceso de “Bolonia” y sin una justificación creíble de sus
propuestas.
Si
finalmente se implanta el 3+2 (grados de tres años y másteres de
dos) de forma generalizada, el sistema, lejos de homogeneizarnos con
Europa, generará nuevas disfunciones porque, como señala el Consejo
de Estado en su dictamen, “Parece difícil alcanzar tal
homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse
el caso, con la redacción del Real Decreto, de que un mismo título
tuviera una duración diferente en una universidad y otra”. Además,
teniendo en cuenta los
elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores
dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, se producirá
una disminución significativa del alumnado universitario.
La
reducción del número de créditos necesarios para finalizar los
estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán un
impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el
empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de
administración y servicios, dando lugar a una reconversión del
sector que no vamos a aceptar. Según el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, las universidades ingresarán 150 millones de
euros menos en concepto de matrículas, a los que se sumará el
ahorro de las comunidades autónomas, que algunos cifran en 850
millones. Por tanto, se producirá un recorte de 1.000 millones, que
se añadirá a los 1.500 que han perdido las universidades entre 2010
y 2014.
Asimismo,
en los últimos meses de su mandato, el Gobierno se plantea aprobar
dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación
de centros y universidades y el sistema de acreditación del
profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a
la profesión docente e investigadora.
En
el borrador de RD de creación
de centros y universidades
que conocemos, se elimina la referencia a la programación general de
la enseñanza que debería permitir la planificación de la oferta,
se eliminan muchos requisitos mínimos y se rebaja la exigencia de
los que quedan. El número de títulos que deben ofertar sigue siendo
ocho, pero ya no se exige que al menos uno sea de ciencias
experimentales.
Se
flexibiliza y desregula para facilitar el negocio de acuerdo con la
Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, con el fin de
“crear un entorno mucho
más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que
los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una
mayor dimensión en términos de productividad y costes”.
En
la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la
creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997
en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a
pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de
reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y
centros.
Por
último, la propuesta ministerial de
Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal
docente e investigador (PDI) funcionario establece
un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y
continúa minusvalorando la actividad docente frente a la
investigación.
Por
otro lado, el nuevo baremo puramente cualitativo no permite la
autoevaluación de los candidatos, al impedir medir con exactitud sus
méritos, y dificultará todavía más la obtención de la
acreditación que permite al profesorado acceder a la universidad.
Igualmente, fracasa en el intento de equilibrar calidad y cantidad de
méritos.
Parece
que el objetivo final del Gobierno
es endurecer los requisitos para la acreditación, aunque su
argumento sea incrementar la calidad de los acreditados.
Las
organizaciones firmantes de este comunicado rechazan estas
iniciativas que pretenden convertir las universidades en empresas de
servicios educativos y piden a la comunidad universitaria que se sume
al rechazo y participe en la huelga del próximo 24 de marzo.
NO
MÁS REFORMAS SIN CONSENSO CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
NO
AL 3+2 QUE ENCARECE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EXPULSARÁ AL
ALUMNADO CON MENOS PODER ADQUISITIVO
NO
A LA DESREGULACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN EN LA CREACIÓN DE CENTROS Y
UNIVERSIDADES
NO
A UN SISTEMA QUE PERMITE UNA ACREDITACIÓN MENOS OBJETIVA Y SIN
DEMOSTRAR EXPERIENCIA DOCENTE
