UGT ante la situación agónica de la Universidad Pública, en general, y de la Universidad de Salamanca, en particular, quiere proponer al Consejo de Gobierno y a las fuerzas políticas y sociales de Salamanca una reflexión sobre la situación crítica en la que se ve sumergida la Universidad y nuestra ciudad, a través de los siguientes 10 puntos:
1. Según datos de la propia Universidad de Salamanca, en los últimos 3 años se han perdido cerca de 350 trabajadores, generando una situación totalmente insostenible en el tiempo; por ello se hace necesario combatir frontalmente la denominada “tasa de reposición” o tasa de destrucción de empleo público. Además de la pérdida de empleo, la tasa de reposición también ha provocado la frustración de muchos trabajadores de la institución que se han visto privados injustamente de sus legítimas necesidades de promoción. Se debe reivindicar, en consecuencia, la supresión de las actuales tasas de reposición del 0% en el PAS y del 50% en el PDI.
2. Uno de cada tres PDI tienen 60 años ó más y uno de cada cuatro miembros del PAS tiene más de 55 años, lo que sitúa a la Universidad de Salamanca entre las más envejecidas del sistema universitario español.
Se hace necesario lograr que se tomen las medidas necesarias para revertir el envejecimiento actual del personal de nuestra universidad, exigiendo apoyo económico de la región para que se realicen nuevas contrataciones, se estabilice a la plantilla y se puedan cumplir las legítimas expectativas de promoción del personal.
3. Desde 2011, nuestra Universidad ha sufrido un recorte de más de 20 millones de euros anuales, lo que se ha traducido en un gran sacrificio de la Comunidad Universitaria, Comunidad Universitaria que ha renunciado a mucho pero que no puede seguir soportando esta situación insostenible.
El continuado recorte en transferencias unido al descenso de tasas derivado de la pérdida de estudiantes, por las políticas aplicadas, están llevando a la Universidad a una situación de asfixia económica que resulta insostenible. Es por ello por lo que debe exigirse una inyección al presupuesto de la institución de decenas de millones de euros adicionales durante los próximos años, para poder recuperar un nivel de actividad digno, así como que se garantice un suelo de gasto mínimo plurianual, que elimine la incertidumbre en cuanto a las transferencias de la Junta de Castilla y León.
4. El actual Plan de Acción Social, ya de por sí gravemente mermado por la actual coyuntura económica, no contempla criterios de progresividad, como sería lo deseable para una adecuada distribución de recursos, de forma que aquellos con mayores necesidades de apoyo, sean los que en mayor medida y con mayor intensidad reciban las ayudas.
5. Es imprescindible definir la política de plantillas que permitan la estabilización de aquellos colectivos más perjudicados por los recortes y que se encuentran en una grave situación de incertidumbre e inseguridad laboral. Con las políticas de recortes, tasas de reposición de efectivos, etc, la falta de contratación de personal, tanto PAS como PDI, ha supuesto una carga de trabajo mayor para muchos trabajadores y una pérdida de posibilidad de empleo para otros muchos.
6. Se ha pasado de una senda de crecimiento a una gravísima pérdida de alumnos debido al incremento de las tasas y al descenso de la política de becas tanto a nivel central como autonómico, que hace especialmente inasumible el acceso igualitario a los estudios de máster y provoca un grave descenso de matriculación de alumnos (de 2011 a 2015, se cifra un descenso de 2.849 matrículas).
En la actualidad Castilla y León es la tercera comunidad autónoma de toda España para estudiar un grado universitario. Además como consecuencia de los recortes del Ministerio de Educación, cientos de alumnos han perdido el derecho a recibir beca y han adquirido además una deuda con la Administración que les exigía el reintegro de ayudas anteriormente percibidas: en los dos últimos cursos más de 600 estudiantes estuvieron en esta situación.
Mientras, los estudiantes que si han podido conservar su beca han visto como la cuantía de su ayuda disminuía drásticamente. Solo el curso pasado las becas descendieron de media unos 800 euros. A la vez, la Junta de Castilla y León dejaba en el curso 2011/2012 sin derecho a beca a 900 alumnos de las universidades de la Comunidad que cumplían los requisitos para obtener ayuda, a 1356 alumnos el curso 2012/2013 y a 1680 alumnos el pasado curso.
En este contexto, los datos muestran que la capacidad de atracción de estudiantes de nuestra Universidad ha descendido sustancialmente, tenemos una menor proporción de estudiantes no provenientes de Salamanca, Ávila o Zamora. Precisamente entre el curso 2011/2012 y el curso 2013/2014 la Universidad de Salamanca ha perdido más de 1.200 alumnos de grado, máster, doctorado y títulos propios, y en el curso 2014/2015 los datos indican que podríamos haber perdido otros 1500 más.
Para frenar esta preocupante decadencia es totalmente necesario, en primer lugar, luchar para que se produzca una reducción de los precios públicos universitarios, para aumentar la capacidad de atracción de estudiantes de toda la geografía española y también internacional por parte de las Universidades Públicas de Castilla y León. En segundo lugar, la creación de un nuevo sistema de becas autonómico que garantice que todos aquellos alumnos con pocos recursos económicos reciban beca, aumentado la partida para estas ayudas todo lo necesario, para garantizar la igualdad de oportunidades.
Por último es igualmente necesario que la Universidad inste al Gobierno de España a restablecer los criterios de las becas de carácter general para que los criterios para su concesión vuelvan a basarse en la equidad. Todo ello no solo redundará en beneficio de la Universidad sino en beneficio de toda la ciudadanía.
7. La aprobación del Real Decreto 43/2015 (Decreto 3+2) supone una carga inasumible de nueva redefinición de todos los planes de estudio que resulta totalmente inapropiada: es inadmisible que solo 5 años después de poner en marcha los nuevos planes de estudio se plantee una nueva reforma en la materia, teniendo en cuenta que los planes de estudio actuales ya venían suponiendo un gran trabajo derivado de los procesos de verificación, seguimiento y acreditación de títulos muy arduo.
Es radicalmente necesario que la Universidad fuerce a las autoridades educativas a que provean un marco regulatorio estable.
8. Resulta además fundamental defender la democracia y la autonomía universitarias, las reformas que se plantean en el horizonte y que apuntan a ataques a los que han sido los pilares de la Universidad democrática durante más de 3 décadas no deben ser toleradas y deben obtener una oposición frontal. Así mismo tampoco resulta oportuna una reducción drástica del número de centros y departamentos, tal reducción podría servir para justificar la disminución de plantilla además de que no supondría un ahorro de costes relevante ni un aumento de la eficiencia, sino posiblemente lo contrario. El mapa de titulaciones pretende unificar centros y departamentos lo que supone una disminución de la calidad de la enseñanza, de la investigación y de la gestión a costa de más recortes universitarios que lo que único que pretenden es reducir plazas docentes y de PAS.
9. Es imperativo un aumento de los recursos destinados a la incorporación a la investigación a jóvenes talentos mediante convocatorias de ayudas para contratos predoctorales con una dotación presupuestaria mucho más importante y que restaure los niveles presentes en 2011. Además debe aprobarse un horizonte plurianual estable para estas contrataciones porque no es admisible la incertidumbre existente en torno al número de plazas convocadas.
10. Por todo ello, reclamamos la promulgación de una nueva ley de Ciencia para la Comunidad de Castilla y León que relance políticas eficaces de I+D+i involucrando directamente a las propias Universidades en la dirección de la política de investigación regional. En dicha ley se garantizará un mínimo de inversión en investigación para los próximos años, y se establecerá la obligación de aumentar dicho mínimo progresivamente para converger con el nivel medio de inversión en investigación presente en los países europeos.
